INVIERNO MORAL Y POLÍTICO: EL PIN PARENTAL

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              Empezamos bien el invierno…

          Como soy, por constitución, una persona pesimista y tengo ya una edad y me voy conociendo mejor, sé que en mis apreciaciones y juicios debo corregir al alza y suponer que las cosas no están tan mal como, por inclinación natural, suelo tender a pensar. Así, el fenómeno de Vox y la posterior ultraderechización de la derecha en nuestro país me los tomé al principio con calma: lo achaqué a la gravedad del llamado problema catalán y, en cierto grado también, quizás, al auge del feminismo, que tanto está removiendo para bien los cimientos mismos del orden social contemporáneo (no solo en España). Respecto a lo primero, no soy capaz de atisbar una solución, de modo que me he contentado con pensar, como se ha dicho en la prensa, que ya bajaría el suflé. En cuanto al segundo asunto, hasta hace un par de años daba la impresión de que se iba asumiendo, lenta y trabajosa, pero firmemente, buena parte de las reivindicaciones necesarias para ir alcanzando esa igualdad real entre hombres y mujeres que, hoy por hoy, aún no se da. Pero ahora vemos que todo esto había calado mucho menos de lo que se creía, y una repentina y brutal hostilidad nos ha hecho retroceder en el debate hasta estadios tan primitivos y dignos de olvido como la negación de la violencia de género. Y por si todo esto fuera poco, día a día se van añadiendo nuevos síntomas para preocuparse seriamente: se escuchan ya proclamas xenófobas cada día más indisimuladas, e incluso se está desatando de nuevo la homofobia con un desparpajo espeluznante. Y esto ya sí que acaba por desmoralizarme. Porque uno quería pensar ingenuamente que aquel grimoso autobús de “Los niños tiene pene. Las niñas tienen vulva” era cosa de cuatro fanáticos trasnochados, pero ahora resulta que se puede tropezar con el dichoso lema incluso entre personas a las que uno tenía por abiertas y mesuradas. Y todo ello, además, escupido en periódicos y wasap con una rabia y un odio que hielan la sangre.

          Digo esto último, por supuesto, por el asunto del pin parental, ocurrencia estrella de este invierno en la que, además del evidente puritanismo, se deja ver asimismo la impronta inconfundible de la ideología neoliberal (Vox es, efectivamente, una desconcertante mezcla de conservadurismo social y ultraliberalismo económico, no demasiado lejano del Tea Party norteamericano): no existe la sociedad sino los individuos, dejó dicho Margaret Thatcher y, por tanto no hay necesidad de construir ni cultivar nada común que nos una. Porque, para el liberalismo más ortodoxo, un país no es sino un gran mercado, y ninguna esfera de la vida es ajena a su lógica y dinámica: más que ciudadanos, las personas son clientes, compradores, con su sacrosanto derecho a elegir e imponer su voluntad. ¿Por qué, pues, iba ser la escuela pública algo diferente, por qué no convertirla en un gran supermercado donde cada cliente puede elegir a su gusto lo que quiere aprender? Recordemos: el cliente siempre tiene la razón.

          Pero entremos en el asunto. Un jurista, desde luego, podrá afinar mucho más, pero, para empezar, entiendo que ningún ciudadano puede sustraerse -ni ser sustraído por otro- de ser formado en los valores de la tolerancia y el respeto. En primer lugar, porque son intrínsecamente democráticos y emanan de los Derechos Humanos, pero, además, porque, al estar recogidos en nuestra Constitución, la ley fundamental del estado, son de obligado cumplimiento: y si algo ha de cumplirse, debe necesariamente conocerse primero.

 

“En el centro educativo, espacio público y común, nadie puede pretender imponer sus principios individuales y privados, ni eximirse o eximir a otro de adquirir los valores que fomenten el entendimiento, el respeto y la convivencia pacífica entre la ciudadanía inevitablemente diversa de una nación”.

         

          La cuestión es que, torticeramente, este asunto ha sido presentado como una disputa entre la patria potestad natural y el estado opresor y omnímodo (véase de nuevo el neoliberalismo). Y repito que, aun careciendo de formación jurídica, aventuro que bastan la reflexión y el sentido común para deslindar algunas cuestiones. Antes de nada, recordemos que ningún ser humano ni institución puede acreditar un título de propiedad sobre otro individuo, ni puede ejercer sobre otra persona una autoridad ilimitada: ni el estado sobre su ciudadanía, ni los padres sobre sus hijos. Toda soberanía, poder o tutela deben ejercerse con sus correspondientes competencias e imprescindibles limitaciones: entiendo, por ejemplo, que el estado no puede obligar a un niño a vestirse de cierta manera o a acostarse temprano para que al día siguiente rinda en el colegio, pero un padre o madre sí. Del mismo modo, también la autoridad de los progenitores es limitada: así, en España los padres no pueden renunciar a llevar a sus hijos a un centro educativo mientras sean menores de 16 años. En ese caso, como en tantos otros, no gozan de potestad para ello: toda libertad tiene límites, como los tiene todo poder. Y por ese mismo motivo carecen también de cualquier prerrogativa directa para seleccionar, influir, determinar o censurar la índole de la instrucción que en dicho centro reciban.

          Las enseñanzas que se imparten en los colegios e institutos de nuestro país, además, han sido previamente codificadas en la correspondiente legislación, que emana de un parlamento soberano, y, mientras no se demuestre lo contrario, goza de una absoluta legitimidad democrática. En el centro educativo, espacio público y común, nadie puede pretender imponer sus principios individuales y privados, ni eximirse o eximir a otro de adquirir los valores que fomenten el entendimiento, el respeto y la convivencia pacífica entre la ciudadanía inevitablemente diversa de una nación. Todo el mundo podrá, desde luego, acudir ante la correspondiente instancia educativa o incluso a los juzgados si en algún momento considerara que allí se vulnera, no sus creencias individuales, que, insisto, nadie tiene derecho a imponer en el ámbito social de la escuela, sino cualquier aspecto de nuestra legislación o incluso los principios democráticos mismos. Claro que sería definitivamente demoledor para nuestra democracia que algún tribunal pudiera amparar a quien, a estas alturas, opta conscientemente por escamotear a sus hijos derechos básicos y tan saludables como el de recibir una imprescindible formación en educación sexual, o el de iniciarse en el respeto a todas y cada una de las distintas identidades sexuales, las cuales, por cierto, en una sociedad abierta, libre y moderna, donde pueden desarrollarse sin cortapisas, son tan varias y complejas como el propio ser humano.

          Efectivamente, no nos engañemos. En este debate leemos estos días argumentos demasiado elevados para encubrir lo que de verdad preocupa a algunos de estos atribulados padres. Como dice por ahí el ingenio popular del wasap, lo que realmente asusta es “que a mi hijo me lo hagan maricón”.

Jesús Manuel Arroyo Tomé

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